Institucionalidad para enfrentar eventos adversos

Bolivia entre 1965 a 2015, vivió 45 desastres hidrológicos (37 Inundaciones y 8 deslizamientos de tierras); 24 desastres biológicos y climáticos (12 epidemias y 12 sequías); 7 desastres meteorológicos (5 temperaturas extremas y 2 tormentas severas) y 3 Terremotos que bajo los criterios de la Emergency Database (EM-DAT) de Bélgica, ocurrieron costando en torno a USD 3000 millones sumando al invaluable fallecimiento de 2000 personas y 3 millones de habitantes afectados por estos desastres.

El difícil momento que atraviesa hoy el departamento de Pando, sumado al costoso historial de estos fenómenos naturales ocasionados por eventos completamente aleatorios, motiva la reflexión sobre la priorización de los recursos económicos, que gracias a una bonanza del gas, dispone actualmente Bolivia. En el futuro, ya sea para eventualidades naturales o para eventos económicos externos y adversos igualmente incontrolables, como la volatilidad de los precios de materias primas como el petróleo; o las recesiones de la economía internacional, provocan incertidumbre en la inversión y el consumo; pérdida de capital y afectan al crecimiento económico y el bienestar social.

¿Cómo transferir el riesgo inter-temporalmente? Existen variadas soluciones. Recientemente la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) sacó un trabajo muy completo sobre las catástrofes de 2013-14 donde además proponen algunas acciones en éste sentido; otros trabajos como el de R. García y R. Nogales (2013) proponen seguros financieros para el sector agrícola en Cochabamba - Bolivia. Otra opción, es establecer una regla de gasto en función de los superávit o déficit fiscales excluyendo las rentas de hidrocarburos como propuso el profesor J.A. Morales en 2009. Experiencias internacionales como las de Noruega o en la región México, Chile y recientemente Colombia, entre otras, muestran que los fondos soberanos permiten ampliar el abanico de instrumentos que pueden ser usados tanto para paliar desastres naturales como para enfrentar crisis económicas.

En Chile, la ley de responsabilidad fiscal que complementa la regla fiscal de 2001 -cuando el precio del cobre promediaba los USD 0.7 la libra- creó los fondos soberanos. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se alimenta con los superávit fiscales cuando estos superan el 0.5% del PIB. De esta manera, en años de bonanza, cuando el precio del cobre es superior al de largo plazo y el crecimiento económico es superior al de tendencia se ingresan recursos al fondo. Por su parte Colombia, con la reciente aprobación de su regla fiscal en 2011 establece su Balance Fiscal ajustado por el efecto del ciclo económico, por los efectos extraordinarios y transitorios de la actividad minero-energética y por otros efectos de naturaleza similar. El déficit estructural del gobierno colombiano no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022 y adicionalmente se establece un fondo similar al FEES del país trasandino.

En cuanto a usos de fondos en desastres naturales, el primer fondo en emitir un bono catastrófico, en colaboración con el Banco Mundial, fue el Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN) establecido a principios de los años noventa. Asimismo, Chile el 27 de febrero de 2010, vivió el sexto mayor terremoto que se conozca por la humanidad con una intensidad de 8.8 grados Richter. La posibilidad de contar con el FEES, la combinación de diversos instrumentos fiscales como USD3 000 millones en reasignaciones y ahorro por austeridad en 3 años, y precautelando un posible recaída de la gran crisis internacional que el mundo apenas empezaba a salir el 2009 permitieron financiar de manera diversificada los costos asociados al terremoto.

Para lograr lo anterior es necesario contar con ahorros provenientes de una institucionalidad adecuada alejándose de la corrupción y ciclo económico, para contar con dichos recursos cuando sean necesarios estableciendo reglas claras y respetadas. Si bien estas medidas son de mediano plazo, es necesario comenzar a actuar hoy priorizando éstas iniciativas, que junto a leyes como la de Gestión de Riesgos de 2014, darán integralidad al manejo de eventos adversos de manera más efectiva y buscando alejarse de la trampa del rentismo. A la fecha es lamentable ver que el llamado a un “pacto fiscal” no contenga propuestas serias en ésta materia, para que así en las futuras catástrofes naturales o económicas todos los bolivianos tengan mayores certezas cuando se avecinen eventos adversos.

Publicado en Página Siete


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